¿Cuándo fue?
Durante la administración del expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014). Fuente: tvn-2.com
¿Cómo fue el "chanchullo"?
En el año 2015, el Gobierno de Panamá demandó la nulidad, por ilegal, de un contrato que celebró en 2010 con Selex, Augusta Westland, y Telespazio Argentina - subsidiarias de la empresa italiana Finmeccanica-, por la venta de 19 radares que no funcionaron, además de helicópteros y cartografía (Fuente: La Prensa).
El contrato fue firmado por el entonces ministro de seguridad pública, José Raúl Mulino, de forma secreta, es decir, sin informar al Consejo de Gabinete de la celebración de este. Se alegó, entonces, un posible delito contra la administración pública: desviación de poder (Fuente: La Prensa).
Este delito consiste en “... la emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley” (Ley 38 del 31 de julio de 2000, artículo 162).
El contrato fue, de acuerdo con interceptaciones telefónicas realizadas por el gobierno italiano, celebrado para pagar coimas a la sociedad panameña Agafia Corp., constituida por abogados vinculados al expresidente Ricardo Marinelli a través de Gabriel Btesh, Felipe Virzi y Francisco Martinelli (Fuente: La Prensa).
Según la Fiscalía italiana, exfuncionarios del Gobierno de Martinelli y exdirectivos de Finmeccanica acordaron el pago de alrededor de 25 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos (Fuente: Telemetro.com).
¿De cuánto dinero estamos hablando?
$250,000,000.00 (Fuente: La Prensa)
¿Quiénes están involucrados?
El exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino; el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz Recuero; el empresario italiano, Valter Lavítola; Paolo Pozzessere, director comercial de Finnmecanica; Agafia Corp. (Fuente: La Prensa)
Estatus del caso
El caso se declaró nulo por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sentenció que la fiscal encargada, Zuleyka Moore, incumplió los plazos de las investigaciones, violó el debido proceso y ordenó la detención preventiva de los dos exfuncionarios fuera de plazo. (fuente: Telemetro.com)
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