El despacho de la Primera Dama tiene una función de carácter netamente social, es decir, sus funciones radican en manifestar algún tipo de interés en llevar a cabo proyectos sociales para apoyar y unir al Estado.
En Panamá, esta figura tiene una naturaleza un poco clara, de hecho, al compararnos con países vecinos, observamos que un despacho como este, no existe en otros Estados.
Si analizamos las funciones de la Primera Dama, vemos que no es un funcionario público, ni es elegida por votación popular. No cuenta con funciones establecida, ni debería tener acceso al presupuesto nacional. Pero investigando más a fondo, puede llamar un poco la atención que, al entrar a la página web del Despacho de la Primera Dama en la sección de transparencia, se puede verificar que el enlace nos remite directamente al Ministerio de la Presidencia.
Tanta es la relevancia de este despacho en Panamá, que, en la práctica, tiene tanto peso como un Ministerio, aunque en realidad debería ser un anexo al Ministerio de la Presidencia.
Recientemente, se han generado escándalos mediáticos relacionados con los manejos presupuestales que ha realizado este despacho, siendo el más importante, el caso de la propuesta de inversión de 35 millones de balboas para el reacondicionamiento del Parque Omar, el cual era, en opinión de muchos, un gasto exagerado en comparación con la gran variedad de opciones mucho más relevantes que le urgen a la nación.
Por ejemplo, con esa cantidad de dinero, se hubiesen podido construir 1,166 aulas de clase, con capacidad para 30 estudiantes cada una. Esto pudiese beneficiar a más de 35,000 estudiantes en el país. Otra opción podría ser, 3 escuelas modelo que incluyan 3 canchas sintéticas, área de gimnasio, laboratorio, biblioteca y 90 salones de clases (cada una).
Pensado en proyectos que pudiesen robustecer nuestros sistemas de generación eléctrica renovable, ese dinero hubiese servido para construir 2 parques solares como el que está ubicado en Agua Dulce. Este abastecería a 6000 casas, con una generación estimada de 20MWH y reduciría las emisiones de Dióxido de Carbono en unas 5,000 toneladas.
La asignación de presupuesto a oficinas con una naturaleza pobremente establecida, hace que se abra el camino para desaprovechar valiosas oportunidades. Sería conveniente promover la investigación de la estructura del estado para identificar casos similares que involucren oficinas o despachos que manejen presupuestos sin ningún tipo de control.
Pedro Rojas
Colaborador de Praxis
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